El jueves 16 de junio la Presidencia del Consejo de Ministros publicó el Decreto Supremo 051-2011-PCM en el cual se dan nuevas referencias para la entrega de las reparaciones económicas individuales a los familiares de las víctimas de la violencia en nuestro país entre 1980 – 2000.
Por: Paloma Venero Cruz
Contra todas luces este decreto no fue bien recibido.
Los familiares de los desaparecidos, fallecidos y víctimas del conflicto interno no están de acuerdo con el documento por los términos en los que clasifica a los beneficiarios de dichas reparaciones. Para aclarar el panorama NoPaperpe tuvo una entrevista con César Cárdenas Lizarbe, jefe del equipo de Secuelas de la Violencia Política de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo .
Además el jefe del equipo de Secuelas de la Violencia Política explica que el Gobierno no se ha dado el trabajo de escuchar a los deudos de las víctimas ni contestar todas sus preguntas. Es importante recalcar que estas medidas no quedan claras dentro del modelo de justicia, respeto y reconciliación que son los pilares de su existencia y mediante los cuales se quiere que los ciudadanos afectados se sientas incluidos y revalorados por la sociedad que durante años los hizo parte de un proceso de violencia y marginación.
El doctor Cárdenas no solo nos explicó las contradicciones del Decreto Supremo en cuatro puntos cruciales que separan a los beneficiarios por edad y condición social, según su inscripción en el Registro Único de Víctimas del Consejo Nacional de Reparaciones que ahora ha puesto una fecha límite pero no ha dado explicaciones de la diferenciación de los montos asignados.
Aquí puedes encontrar la nota de prensa de la Defensoría del Pueblo
Publicado antes en Nopaperpe
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